CCOO reclama que los ayuntamientos entren en la mesa de negociación de la huelga de basuras en Ibiza

«Quien pone el dinero al final es el ayuntamiento. Es por ello que nos tenemos que sentar en una mesa con los tres ayuntamientos y alcanzar un acuerdo de verdad». Esta opción fue planteada ayer por el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de Balears de Comisiones Obreras (CCOO), Miguel Pardo, tras la primera jornada de huelga de los trabajadores de la contrata de la recogida de la basura de Santa Eulària, Sant Joan y Sant Josep.

El sindicato, que representa a los trabajadores de Herbusa y la UTE Es Vedrá, puso sobre la mesa esta alternativa ante la inclusión en el acuerdo de una cláusula que condiciona la subida salarial acordada al incremento presupuestario equivalente por parte de los equipos de gobierno municipales.

Si bien los tres ayuntamientos han manifestado su voluntad de cubrir el esfuerzo económico que supone un incremento de salarios del 21% en cuatro años, el sindicato expresa sus sospechas de que la falta de voluntad o capacidad de alguno para cubrir este gasto habría motivado la tensión en el momento de la firma del acuerdo que se alcanzó en la madrugada de este viernes, y que apenas duró unas horas.

Huelga de basuras en gran parte de la isla de Ibiza tras la ruptura del acuerdo

Según explicaron los sindicatos, en la negociación se planteó una cláusula por la que se vinculaba la subida salarial a su incorporación íntegra en las revisiones de precios de los ayuntamientos correspondientes al capítulo de personal. Los ayuntamientos se negaron a la inclusión de esta cláusula, lo que motiva las sospechas de los sindicatos.

Dura negociación

Por parte de la patronal, dos horas antes de estas manifestaciones, los abogados José Ramón Buetas y Toni Ribas acusaron a los trabajadores de haber mantenido una posición inamovible y de haber llevado a cabo una «no negociación» desde diciembre del año pasado.

Buetas subrayó que las negociaciones se iniciaron con la misma petición que se iba a plasmar en el acuerdo, calificó el conflicto de «injustificado» y dijo que su impresión es que «la huelga se iba a producir sí o sí».

No creen que sea así por parte de CCOO. Su portavoz en este conflicto, Ana López, asegura que ya pusieron en juego la confianza de los trabajadores cuando rebajaron del 25% al 21% la subida salarial en el convenio el pasado jueves, un aspecto en el que los trabajadores no estaban a favor.

Los abogados pusieron sobre la mesa que la subida salarial que se plantea supone un incremento de unos sueldos que ya están por encima de los de la mayoría de sectores y señalaron en particular el de la hostelería de Balears. Reconocieron que en la última negociación del convenio, en 2020, hubo una «pequeña» pérdida de poder adquisitivo, pero que los salarios actuales, «con subida cero», ya están por encima de la media, por lo que considera «desorbitado» el incremento solicitado.

Cabe señalar que la subida de sueldo ya se había acordado y que el motivo de la ruptura de las negociaciones fue la inclusión en el texto de condiciones laborales que los trabajadores dicen que no se habían negociado.

Ruptura de conversaciones

Por parte de la empresa, rechazaron «categóricamente» que se hubiera tocado ningún punto del acuerdo en el momento de su firma, como aseguran los trabajadores. «Se hizo un repaso de los puntos de acuerdo a las tres de la madrugada del viernes, pero esos acuerdos se tenían que trasladar al papel en el Tamib para poder ver los términos», explicó Ribas. Fue en ese proceso de redacción, asegura, cuando en un par de puntos surgieron discrepancias que los abogados aseguran que intentaron negociar hasta el último momento. «No había nada que negociar, habíamos acudido a firmar el acuerdo que ya estaba negociado después de 39 horas de conversaciones», afirmó Pardo para rechazar las acusaciones de los abogados.

«La flexibilidad ya la hemos perdido, a los trabajadores no los van a torear», valoró López respecto a un nuevo acuerdo, y añadió que ya no vale el acuerdo que estuvieron a punto de firmar el viernes.

Pardo señaló que en el nuevo acuerdo será esencial que se fije un horario «con fecha de inicio y fecha de fin de jornada y no vamos a regalar ni un minuto». En el último acuerdo se había planteado que se fijara un margen de 15 minutos por necesidades del trabajo y que hubiese nueve jornadas de horario irregular.

Respecto a esta medida, indicó que los sindicatos entienden que son para que la empresa se cubra las espaldas cuando hay vehículos a los que no se hace un mantenimiento adecuado y poder modificar la jornada por averías.

Ambas partes manifestaron su voluntad de retomar las conversaciones una vez que se hayan calmado las aguas. Desde los sindicatos, en cualquier caso, aseguraron que la iniciativa debe ser ahora de la patronal.

Negociaciones separadas

Uno de los aspectos relevantes en esta negociación es que se está llevando a cabo en bloque. Se negocia un texto que se aplicará a los trabajadores de Santa Eulària, Sant Joan y Sant Josep.

La realidad de cada contrato implica unas condiciones distintas. Mientras Sant Josep tiene un contrato antiguo que le permite mayor flexibilidad, Santa Eulària ha adjudicado recientemente el nuevo contrato a una empresa distinta que la que actualmente ofrece el servicio sin contemplar esta modificación del coste del contrato.

Sant Josep confía en que se alcance un acuerdo antes de la huelga de basuras

José Ramón Buetas indicó que desde un inicio se planteó la posibilidad de hacer tres negociaciones separadas, pero que los trabajadores se han negado en todo momento. «Es cierto que siempre lo habíamos negociado así, aunque fuera algo irregular, UTE Es Vedrà depositaba la confianza en materia de personal en Herbusa y se firmaban convenios calcados», añadió Buetas, pero ya en un principio se planteó que en esta ocasión las condiciones eran distintas porque Herbusa ni siquiera se presentó al concurso del contrato de Santa Eulària.

Ana López defendió esta forma de actuar por ser la que se ha mantenido en los últimos 30 años. Consideró que las particularidades en las que se encuentre cada ayuntamiento son «un problema empresarial y de las administraciones». «Nosotros pedimos una subida y pensamos que las administraciones sí la pueden asumir», defendió.

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