El Consell de Ibiza pide a las empresas que no suministren a las fiestas ilegales

No hay fiesta en villas y mansiones sin luces, sonido, servicio de catering y bebidas. Por este motivo, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, explicó ayer que se han puesto en contacto con «todas las asociaciones empresariales» de la isla para pedirles que no suministren sus productos a estas celebraciones. Además, continuó el presidente tras la reunión de la consellera de Administraciones Públicas con los representantes de los ayuntamientos, también les han pedido que, en el caso de que sospechen que requieren sus servicios para este tipo de fiestas, lo pongan en conocimiento de las instituciones.

Estos posibles avisos de las empresas de la isla con las que contacten los organizadores para encargarse de los suministros de las celebraciones servirían para ese objetivo de adelantarse.

«Es fundamental», apuntó el presidente del Consell, que apeló, una vez más, a la responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad para contener la pandemia. «Es trabajo de todos», insistió. Marí no respondió de forma clara, sin embargo, a si el Consell se ha puesto en contacto directamente con las empresas que llevan semanas comercializando fiestas tipo discoteca en villas y mansiones de la isla para explicarles la normativa y las sanciones.

La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, por su parte, recordó que las fiestas ilegales ya existían en la isla antes de la pandemia. De la misma manera, Castro insistió en que en el caso de que estos saraos superen el aforo y concentren a tantas personas que sea imposible garantizar las medidas de prevención del contagio del coronavirus se celebren en una vivienda con licencia de alquiler turístico, además de la multa, que puede alcanzar los 600.000 euros, «puede imponerse la prohibición de la comercialización turística de esta vivienda en un tiempo máximo de tres años». Esta «sanción accesoria» se mantendrá aunque se produzca un cambio de titular, indica el decreto, que tiene en cuenta varios conceptos para la gradación de las sanciones: intencionalidad, número de personas afectadas, el beneficio obtenido, la reincidencia, la trascendencia del daño causado, la posición del infractor en el mercado y la categoría del establecimiento o actividad.