La primera teniente de alcalde de Ibiza, Elena López, ha reconocido esta mañana en el pleno que «quizá se debería haber firmado el convenio» que los propietarios de la zona de Cas Mut propusieron al equipo de gobierno en 2015 para dejar por escrito la reducción de la edificabilidad de sus parcelas. «Díganle equivocación si quieren», ha agregado López, que ha explicado que en ese momento optaron por no cerrar el acuerdo porque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que ya se incluía la reducción de los parámetros de la zona que planteaban los mismos afectados, «se iba a aprobar» y se trataba de evitar, con ello, «una doble tramitación».

Elena López ha destacado que, con este acto, los propios propietarios reconocieron «explícitamente» el impacto que supondría el desarrollo de esta zona al amparo del PGOU de 1987, el actualmente en vigor, lo que ha llevado al equipo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos a aprobar una moratoria de un año de duración para evitarlo y para replantear, además, los parámetros urbanísticos de esta área del municipio. El equipo de gobierno desestimó los recursos de reposición presentados por los propietarios de Cas Mut contra la suspensión de licencias con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

Los dos grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con la política urbanística de la izquierda. El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, ha asegurado que el equipo de gobierno se ha erigido «en el peor enemigo de la sostenibilidad y protección el territorio» al buscar «atajos» en la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico, que sólo provoca que «se lo tumben todo». «Lo suyo es una fachada», ha agregado, al tiempo que ha advertido de que, en su día, el Ayuntamiento debería haber aceptado el convenio que proponían los propietarios y evitar «el riesgo de que ahora tenga que pagar indemnizaciones». «Se habría evitado todo. Se lo advertimos y no nos hicieron caso», ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, ha exhibido un plano con las parcelas edificadas (en rojo) y en las que se han concedido licencias (amarillo) que, según ha dicho, evidencian que sólo queda en Cas Mut un 33% del espacio por desarrollar. «No veo cuál es el valor paisajístico. Cuando se hayan acabado las obras de las licencias que ustedes han otorgado, no tendrá nada que ver con lo que se ve ahora. En un año veremos el auténtico impacto. Ya no hay solución. Hemos matado ya ese polígono», ha destacado.

Rodríguez ha dicho que su grupo apoyaría que el equipo de gobierno «expropiara todo y reforestara la zona». «Eso sí sería protección», ha abundado.

El PGOU de 1987 en vigor permite construir planta baja y dos alturas, mientras que el planeamiento en tramitación (con el que se han concedido las licencias) permite sólo una altura. López ha remarcado tras el pleno que para evitar que se pueda construir de nuevo con base en los parámetros del PGOU de 1987 y que lo ya edificado se pueda ampliar aplicando la misma normativa, se ha optado por suspender la concesión de licencias y replantear la edificabilidad de este espacio.

Rodríguez también ha criticado durante el debate del pleno que el Consistorio aprobó la moratoria sin un informe jurídico, sólo «un visto». Para responder a los recursos de los propietarios, el equipo de gobierno ha contratado a un gabinete externo, el que ha justificado jurídicamente el mantenimiento de la suspensión de licencias, con la conformidad, además, del secretario de la Corporación, según ha destacado la primera teniente de alcalde.