Almeida admite la filtración de datos de la pareja de Ayuso y colaborará en la investigación para identificar al autor

"Parece obvio que se ha producido una filtración de datos que no deberían ser públicos que estaban en la base del Ayuntamiento de Madrid", Con estas palabras el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aludido esta mañana a la denuncia que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la publicación de información del expediente sobre las presuntas irregularidades en la reforma de su piso.

Almeida ha afirmado que, de momento, el Consistorio madrileño no ha recibido notificación por parte de la AEPD de tal denuncia, adelantada por el diario El Debate y cuya existencia ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, pero sí de que se había presentado un escrito en el mismo sentido en la Junta Municipal de Chamberí, donde se instruía el expediente.

El alcalde madrileño ha asegurado, además, que el Ayuntamiento es el primer interesado en esclarecer quién ha accedido "indebidamente" a esos datos y ha hecho un uso "espurio y posiblemente ilegal" de datos confidenciales. Por eso, ha añadido, Cibeles mostrará "una predisposición total y absoluta" a colaborar en la investigación que pueda abrir la AEPD.

Antes que él, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid ya se había referido al asunto e indicado que el Ayuntamiento debe investigar si ha habido "un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular y personal". "No parece una cuestión política, ni mucho menos, pero sí administrativa", ha opinado, antes de añadir que si datos de un particular "que están en una junta de distrito" han acabado en manos de partidos de la oposición, "este ciudadano tiene derecho a defenderse". Según la información de El Debate, González Amador apunta en su escrito que el contenido del dosier se filtró, al menos, a las filas del PSOE y Más Madrid.

"Entiendo a la presidenta Díaz Ayuso y entiendo a su pareja", ha reconocido Almeida. "Lógicamente, quien se sienta afectado por esta situación tiene que pedir las responsabilidades que considere oportunas". En función de su cargo, a la información revelada podían llegar tanto concejales como funcionarios. "Seguiremos las actuaciones pertinentes de acuerdo a los requerimientos que tengamos para averiguar qué persona ha accedido a los datos del Ayuntamiento de Madrid y lo ha hecho para utilizarlos indebidamente".

"Misil" de Ayuso a Almeida

Desde la oposición, directamente señalada, el concejal de Más Madrid Eduardo Fernandez Rubiño ha indicado que su grupo municipal obtuvo la información relativa al expediente sobre la vivienda de González Amador por los cauces "adecuados". "No hay absolutamente ningún tipo de acceso indebido. Nosotros hemos recibido la información por los cauces que nos corresponden como oposición y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es acceder a la información, que nos corresponde como oposición, debidamente suministrada por el Ayuntamiento, y utilizarla en nuestro trabajo político, que es para el que nos pagan los madrileños".

A su juicio, la denuncia es un nuevo episodio de "la estrategia del calamar" para que no se hable de las irregularidades en la reforma del piso y un "misil" que Ayuso envía Almeida "porque no le ha gustado que el alcalde le haga cumplir con las normativas".

En la misma línea, el PSOE ha remitido un comunicado en el que indica que ha obtenido información sobre la inspección de esas obras "por la vía ordinaria de peticiones de información" y subraya que la formación respeta "siempre" el principio de confidencialidad y el deber de secreto. Su portavoz, Reyes Maroto, ha querido recordar que al gobierno municipal "se le acumulan las denuncias" en relación con este caso. Tras denunciar ante la Oficina Antifraude que el expediente solicitado sobre el caso en la Junta Municpal de Chamberí les había sido entregado mutilado, su formación presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid en la que acusaba a la vicealcaldesa Inma Sanz de revelar en un pleno el dictamen de la Oficina, en el que se declaraba incompetente en la materia.