Una directiva recientemente aprobada por el Consejo de la Unión Europea obliga a las compañías con mayor facturación a “identificar, prevenir y mitigar” los efectos negativos que pueda tener un determinado proyecto o inversión sobre el medio ambiente o los derechos humanos de la población local.
Eduard Palomares
Si hasta ahora el respeto medioambiental por parte de una gran empresa se englobaba sobre todo en su área de Responsabilidad Social Corporativa, a partir de ahora debe formar parte de todas las decisiones operativas. El Consejo de la Unión Europea aprobó a finales de abril la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), que obliga a las grandes compañías a tomar “medidas concretas que identifiquen, prevengan y mitiguen violaciones de derechos humanos o daños ambientales”. Asimismo, les obligará a rendir cuentas y responder por los perjuicios que hayan causado al entorno a causa de sus operaciones comerciales.
Un primer paso legislativo que ha sido aplaudido por uno de los principales impulsores de la directiva, el Pacto Mundial de la ONU. “Estas leyes incrementan la responsabilidad corporativa y protegen a las víctimas, creando un marco claro para empresas. Las acciones voluntarias, combinadas con medidas obligatorias, ayudarán a impulsar la sostenibilidad empresarial en un momento donde la acción colectiva es vital”, ha remarcado su directora ejecutiva, Cristina Sánchez. También ha sido bien valorado por la Plataforma por Empresas Responsables (PER), que representa a 530 entidades: “Es un avance significativo en la protección de las víctimas de abusos empresariales, haciendo que la justicia sea más accesible, asequible y eficiente”.
Eso sí, se calcula que solo afectará a unas 5.000 empresas de toda la Unión Europea, ya que en los próximos tres años se aplicará únicamente a grandes empresas con más de 5.000 personas trabajadoras y más de 1.500 millones de facturación anual. A partir de aquí, se producirá una escalada progresiva hasta llegar empresas con 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros de facturación. Un objetivo que, sin embargo, sí que se ha considerado poco ambicioso por parte de las asociaciones ecologistas. En cuanto a las empresas de terceros países con actividades en la UE, acabará afectando a aquellas que facturen 450 millones, sin importar el volumen de su plantilla. Las pymes no entran directamente en la propuesta, aunque se verán afectadas como parte de la cadena de suministro de estas grandes empresas.
La directiva sobre diligencia debida establece obligaciones como determinar los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medio ambiente que pueda tener un determinado proyecto o inversión, así como prevenirlos y mitigarlos. Y no solo eso, sino que las empresas deberán recopilar información cualitativa y cuantitativa a través de informes independientes e información a través del procedimiento de reclamación. Además, deberán llevar al menos cada año evaluaciones periódicas de sus operaciones y en cierta medida, la de sus filiales y cadenas de valor. Es decir, que supervisar que sus acciones están funcionando.
De la misma forma, las autoridades supervisoras estarán encargadas de monitorear el cumplimiento y podrán imponer multas basadas en el volumen de negocios neto mundial de las empresas que infrinjan las normas de hasta el 5%. La directiva exige además a las empresas abordar los impactos ambientales de sus operaciones a través de planes de transición climática, estableciendo objetivos climáticos y medidas de implementación.
Representantes de la PER ya ha pedido al Gobierno español que proceda con la transposición de la directiva a la legislación nacional sin demoras, aplicando incluso algunas mejoras: “Vemos esencial fortalecer áreas de la directiva que aún pueden ser mejoradas para asegurar su máxima eficacia, pues la directiva va a ser decisiva para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en sus actividades”. Esta nueva directiva puede servir, por ejemplo, para actuar con mayor contundencia sobre las empresas responsables de vertidos de petróleo en el mar, que representan no solo un drama para los ecosistemas sino también para la población que depende de los recursos naturales para su subsistencia.
En este sentido, una vez aprobada la directiva, los Estados miembros tienen dos años para incorporar la directiva a su legislación nacional. “Las víctimas de abusos empresariales llevan demasiado tiempo esperando justicia. El Gobierno español, que ha estado comprometido con la adopción de la directiva, debería seguir dando ejemplo y ser de los primeros en transponerla sin esperar a agotar el plazo”, concluyen desde la Plataforma por Empresas Responsables.