La UE permite al Consell de Ibiza acelerar el cierre de alquileres ilegales en Airbnb

Los trabajadores del departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza tienen este verano una nueva herramienta que les está facilitando las cosas y que ha sido recibida como agua de mayo. Tiene un nombre, a priori, poco atractivo: ‘Reglamento UE 2022/2065 Relativo a un mercado único de servicios digitales’. Tampoco es una panacea porque la capacidad del ingenio humano para idear trampas y escaquearse de la ley es infinita, pero desde el Consell están convencidos de que esta arma legal les permitirá acelerar el cierre de anuncios de alquiler turístico ilegal en plataformas como Airbnb o Booking.

¿Qué cambios supone este reglamento? Hasta ahora, la legislación europea consideraba que las plataformas no eran responsables del contenido de las ofertas que en ellas se publicaban, y que el único responsable de un contenido ilegal es el comercializador que publica los anuncios. Las únicas obligaciones de estas plataformas -ya sea Airbnb en el campo del alquiler turístico, o Vinted o Wallapop en el mercado de artículos de segunda mano, por ejemplo- era la obligación genérica de colaborar con las administraciones públicas, pero sin entrar en mayores detalles.

Esta legislación bastante laxa obligó a diversos tribunales españoles a revocar expedientes sancionadores que se habían impuesto en algunas comunidades autónomas. Sin embargo, con la aprobación del nuevo Reglamento de la Unión Europea, las cosas han cambiado.

Nuevas obligaciones

«Hasta ahora era muy complicado que una plataforma nos retirara un anuncio. Pero el nuevo reglamento concreta muchísimo más sus obligaciones y nos pone las cosas más fáciles», explica Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza.

«Cuando solicitábamos información sobre un comercializador que sospechábamos que ofrecía un alquiler ilegal, nos facilitaban un correo electrónico. Ahora tienen el deber de facilitar también el DNI y los nombres y apellidos para que las identificaciones sean más rápidas», explica Juan, que añade un segundo elemento muy importante: «Si la plataforma es requerida por la Administración para que retire un anuncio, lo deberá hacer sin necesidad de que haya sentencia judicial». Además, Juan asegura que gracias a disposiciones de los Decretos Ley de Vivienda y de Simplificación Administrativa del Govern, «ya podemos dictar medidas cautelares para pedir estos cierres».

Un vistazo a Booking permite comprobar que, en estos últimos meses, la oferta ilegal ha sufrido un importante retroceso. No es el caso de Airbnb, que sigue pareciendo una jungla sin ley donde cualquier superficie horizontal es susceptible de ser comercializada como alquiler turístico. ¿Cuándo veremos aquí también un cambio real? Juan prefiere ser prudente, pero asegura que las cosas ya han empezado a cambiar: «Teníamos veintipico procedimientos en marcha, y en todos ellos han retirado el anuncio sin necesidad de que les hiciéramos el requerimiento. Les hemos abierto el expediente, se han asustado y han cerrado».

La picaresca infinita

No obstante, también están los casos recalcitrantes, como el del albergue ilegal de Jesús: «El 70-80% retira el anuncio, pero hay un reducto de gente que no quiere pagar, o que le sale a cuenta la multa», y recuerda que si no se retira el anuncio del alquiler ilegal las multas pueden pasar de 40.000 hasta un máximo de 150.000 euros, «o incluso enfrentarse a un delito de desobediencia».

Por tanto, la variopinta oferta de autocaravanas, tipis y yurtas no desaparecerá de un día para otro. El conseller explica también que la prioridad la ponen en el alquiler turístico de vivienda residencial: «Porque suponen un problema doble. No solo es una competencia pirata a las empresas turísticas legales, sino que además interfieren en el mercado de la vivienda».

Sin embargo, el conseller advierte de que no se puede cantar victoria porque la picaresca no descansa: «A veces los inquilinos que subarriendan habitaciones lo hacen ellos mismo o mediante un tercero interpuesto. A veces el propietario del piso está compinchado, o quien pone el anuncio es un amigo que cobra una comisión. El trabajo del instructor para identificar a la persona que hay detrás de un anuncio ilegal es una filigrana. Piensa que no se multa un anuncio, se multa a una persona, y hay que demostrar que esta persona está cobrando».

Pese a estos trucos, el conseller confía en que «a medida que se vayan dictando medidas cautelares y las plataformas entren en vereda» el cambio sea más perceptible.

Para terminar, Juan pone deberes al Ministerio de Vivienda, a quien pide que también colabore en esta lucha: «Las plataformas como Airbnb se escudan en que no pueden conocer si la licencia de alquiler turístico que facilitan los comercializadores es auténtica o no. En España hay 17 administraciones turísticas diferentes. Hemos reclamado la creación de un único registro nacional que centralice todas las licencias turísticas y así las plataformas podrán comprobar si una licencia es correcta». Hasta ahora, el Ministerio ha dado largas.

Suscríbete para seguir leyendo