La mitad de usuarios atendidos por Servicios Sociales en Ibiza eran españoles

La demanda de ayudas en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza disminuyó en 2023 en comparación con el año anterior. Este apunte manifiesta la vuelta definitiva a la normalidad tras la pandemia de covid-19, según apuntó Iván Castro, director de Bienestar Social, en una rueda de prensa celebrada en el Casal d’Igualtat de Vila para presentar la Memoria de Bienestar Social de 2023: «Este año hemos hecho una valoración de los últimos cinco años, porque en el 2021 - 2022 tuvimos la situación del covid, que alteró un poco los datos de servicios sociales. Ahora hemos visto un efecto campana, en el que muchos de los recursos se igualan a los de 2019».

El año pasado, la concejalía de Bienestar Social de Ibiza atendió a 1.894 familias, que suponen un total de 2.638 usuarios, apuntó laresponsable de esa área de Vila, Lola Penín. De los atendidos, un 56,1% fueron mujeres y un 43,8%, hombres. Cerca de la mitad de los usuarios se encontraban entre los 31 y los 64 años y se contabilizaron un total de 63 nacionalidades diferentes. De estas, la española fue la mayoritaria (49,7%), seguida de la colombiana (13,8%), la paraguaya (5,7%), la marroquí (5,4%) y la brasileña y la colombiana, con un 3,4% ambas.

Bienestar Social reforma un edificio para viviendas

En 2023, el presupuesto destinado al Bienestar Social fue de 2.555.915 euros, sin tener en cuenta los gastos en personal. En 2022, el presupuesto ejecutado estuvo cerca de los 2.750.000 euros y para 2024 se ha incrementado la partida de la concejalía un 14%, en comparación con el año anterior, por lo que será de 2.913.743 euros.

Necesidades básicas

Durante la presentación de la Memoria, Castro destacó la importancia de «salir del estereotipo de que los Servicios Sociales sólo hacen la parte asistencial, sólo dan alimentos o ayudas económicas... Sólo el 14% de la ejecución del presupuesto está destinado a servicios básicos». Este porcentaje implica 358.414 euros del presupuesto ejecutado el año pasado.

De las diferentes modalidades de prestaciones, en 2023 la cantidad mayoritaria, un 55%, se destinó a necesidades básicas, a las que siguieron las prestaciones en educación (25,2%) y las de vivienda (10,3%).

Teniendo en cuenta los datos de ayudas económicas en salud, educación y vivienda, Castro explicó que el incremento de las prestaciones a la vivienda que se produjo en 2020 se debió a la inclusión de las ayudas sociales del covid. Sin embargo, también destacó la curiosidad de que el año pasado disminuyera la entrega de esta prestación concreta: «Es un dato que estamos interpretando, porque teniendo una dificultad tan importante de vivienda en el municipio... ¿Por qué están bajando las ayudas de vivienda? Nuestra interpretación es que muchos de nuestros usuarios no están accediendo a esta», señaló, antes de añadir: «Quizá los usuarios que antes podían acceder a una habitación, han bajado el rango y están yendo a asentamientos o a otro tipo de vivienda que no requiere la aportación económica de servicios sociales».

Inclusión social

La mayoría del presupuesto ejecutado el año pasado por la concejalía de Bienestar Social (un 44%) se destinó a la atención a personas en proceso de inclusión social, con 1.124.804 euros, indicó Penín.

Este apartado incluye servicios como el de Acogida Municipal (SAM), que admite temporalmente a personas y familias residentes en el municipio de Ibiza que están en situación o riesgo de exclusión social. Este servicio cuenta con el Centro de Acogida Municipal (CAM), que acogió a 50 usuarios en 2023. El perfil fue de españoles mayores de 50 años, que se quedaron menos de tres meses. Por otro lado, se cuenta con los pisos supervisados para personas adultas y familias, que recibieron a 53 usuarios el año pasado. En este caso, se trató mayoritariamente de familias españolas que se quedaron más de un año «por la dificultad de acceso a las viviendas de uso libre», indicó Castro.

Actualmente, estos servicios cuentan con una ocupación del 100% y ambos disponen de listas de espera: «En la situación de pisos no hay una lista larga, que digas que llevas cinco meses esperando... Sin embargo, en el albergue siempre hay entre 10 y 20 usuarios en espera», detalló Castro.

Otra asistencia que se presta es la Zona de Primera Acogida (ZPA), un centro con 13 plazas fijas de pernocta que acogió a un total de 33 personas el año pasado. También contó con un perfil de nacionalidad española, de entre 30 y 60 años mayoritariamente, y con estancias variadas. Hay personas que se quedaron entre uno y tres meses o quienes estuvieron más de nueve meses «porque tenían asociada una patología de salud, sobre todo física. Muchas veces el propio hospital nos deriva a un paciente al que le dan el alta hospitalaria y no tiene recursos», señaló Castro.

Para cubrir las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la falta de recursos de las personas, otro servicio que se ofrece son las tramitaciones de acceso a prestaciones. El año pasado se tramitaron 59 solicitudes, principalmente por Renta Social Garantizada, una prestación periódica dirigida a cubrir situaciones de vulnerabilidad social. Por otra parte, de las solicitudes totales, aproximadamente 20 se presentaron para pedir el Ingreso Mínimo Vital.

Autonomía personal

La segunda ocupación en la que la concejalía de Bienestar Social más invirtió el año pasado fue la de promoción de la autonomía y la dependencia, con 401.012 euros. Este servicio trata de promover la independencia de personas que tienen problemas físicos, psíquicos o sociales que, independientemente de su edad, les generan una falta de autonomía.

En 2023 esta prestación atendió a 515 usuarios, de los cuales 174 recibieron el servicio de teleasistencia: «Una contratación de servicios con Cruz Roja para subvencionar la teleasistencia en casos sociales», según se explicó en la presentación de la Memoria. El siguiente servicio más solicitado fue el de ayuda a domicilio, con 169 usuarios, al que le sucedió el de comida a domicilio, con 79 usuarios. Para ofrecer este úlitmo, el Ayuntamiento de Ibiza contrata a Apfem Aktua. Por último, 53 de los usuarios solicitaron la ayuda de limpieza del hogar. En todos estos casos, la atención la solicitaron más mujeres que hombres.

Respecto a los convenios y subvenciones con entidades sociales, en el presupuesto de Bienestar Social de 2023 se destinaron 358.554 euros. Esta prestación se dividió en dos partes diferentes. Por un lado, en 291.000 euros para subvenciones directas destinadas a impulsar proyectos de intervención sociosanitaria, cuya subvención más alta se concedió a Cáritas (95.000 euros), seguida de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (50.000 euros) y Cruz Roja y la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de las Balears, con 30.000 euros cada una. Por otro lado, se destinaron 67.554 euros a subvenciones en concurrencia competitiva.

El presupuesto de Bienestar de 2023 destinó 230.957 euros a la atención de la infancia y la familia, con los que ofreció distintos programas para detectar, prevenir y actuar frente al absentismo y abandono escolar. En el Proyecto de Intervención Socioeducativa Municipal (PISEM), uno de los planes, se realizaron 273 intervenciones en 2023 para reducir situaciones de riesgo personal, social y familiar de los menores del municipio de Ibiza.

Situación de la vivienda

Antes de la rueda de prensa, el Casal d’Igualtat acogió el Consell Municipal de Acción Social, el órgano consultivo para el asesoramiento en materia de servicios sociales, que no se reunía desde 2014 y contó con la presencia de Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, Cáritas, la Plataforma Socio Sanitaria o los colegios oficiales de Psicología, Trabajo Social y Educación Social. Entre los temas tratados, los diferentes asentamientos de viviendas que se han registrado en varios puntos de la isla no pasaron desapercibidos. Penín apuntó el dato que habían compartido algunas entidades: «Hace un mes atendían a 28 personas y en nada de tiempo han pasado a 140». En este caso, añadió que «es muy difícil» hacer un censo de las características que tiene la población que vive en los asentamientos, pero en servicios sociales atienden actualmente «cuatro o cinco expedientes», en el caso concreto de Sa Joveria.

Por su parte, Castro matizó que, en el caso de que se trate únicamente de un problema habitacional «no es competencia de Bienestar Social». «Nosotros —añadió— hablamos de emergencia habitacional cuando se dan varias características. Por ejemplo, si hay un menor en la calle, si existe una circunstancia de vulnerabilidad, si hay dificultad de acceso al empleo...».

Suscríbete para seguir leyendo