El Govern abre ahora la vía para legalizar los Apartamentos Don Pepe

El largo proceso para reubicar a los vecinos de los Apartamentos Don Pepe, en es Codolar, dio ayer un giro radical. Aunque, en esta ocasión, el cambio respalda la voluntad de los vecinos para que se estudie si es viable legalizar sus viviendas y, de esta manera, acometer la rehabilitación del bloque desalojado por daños estructurales. Cuatro años después, se toma en consideración la misma propuesta que ya defendieron antes que tener que abandonar sus casas.

La comisión de seguimiento para dar una solución a los Don Pepe concluyó ayer con aparente satisfacción de los representantes del Govern, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep pero, especialmente, de los portavoces de los vecinos. La hoja de ruta que se han marcado ahora pasa por dos posibilidades. Por una parte, legalizar los dos edificios de es Codolar.

De esta manera, las familias del bloque A podrán regresar a a sus viviendas tras solventar los problemas estructurales, mientras que las del bloque B no deberán ser desalojadas para dar paso a la demolición del centenar de pisos construidos en es Codolar en 1964, tal y como se preveía hasta el momento. La otra opción, también novedosa, contempla reubicar a todos los vecinos en las primeras viviendas de protección oficial (VPO) que haya disponibles, que en principio serían las de Ca n’Escandell.

Adiós a Can Raspalls

Pero, antes de considerar estas dos vías, la primera presentada por los vecinos y la segunda por el Govern, la comisión de seguimiento da por descartado que se realoje a los vecinos en unos pisos construidos ad hoc en un solar de Can Raspalls. Para ello, esta finca, ahora rústica, primero debía ser recalificada a urbano a través de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) que prepara el Consell para reordenar , temporalmente, el urbanismo de Sant Josep.

En los últimos dos años, la propuesta que trabajaba la comisión de seguimiento era que la Administración comprara esa finca de Can Raspalls para que el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) levantara los nuevos pisos para los vecinos de es Codolar. La consellera balear de Vivienda, Marta Vidal, presente en la reunión, dejó claro ayer que esta opción queda descartada porque la tasación de los terrenos «era errónea».

El Ayuntamiento de Sant Josep encargó en su momento esta valoración a un arquitecto técnico externo, que cifró el coste de su compra en cerca de cuatro millones de euros. Ese aparejador fue detenido en junio del año pasado por la Guardia Civil en la operación por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sant Josep, en la que también fueron arrestados el entonces alcalde, Ángel Luis Guerrero, la abogada del Consistorio, dos letrados particulares y un constructor.

La tasación inicial de los terrenos de Can Raspalls ascendía a cerca de cuatro millones de euros, pero el nuevo peritaje reduce el precio a 323.000

«Ese cálculo valoraba la expectativa de desarrollo urbanístico de esos terrenos [de Can Raspalls], pero el técnico del Govern pidió que se justificara por qué se utilizaba ese baremo», explicó Vidal. «La normativa marca que, a efectos de tasación, solo se pueden dar dos situaciones, la de suelo rural y la de suelo urbano, pero no el urbanizable», subrayó.

Esa valoración inicial ascendía a cerca de cuatro millones de euros. Con el nuevo peritaje, llevado a cabo por los técnicos de la conselleria y dado ayer a conocer, se reduce a 323.000 euros. Cabe tener en cuenta que estos terrenos ya están siendo recalificados con las NPP, con lo que el propietario podrá venderlos a precio de suelo urbano.

Pese a que todo el proceso de reubicación parece volver al punto de partida, la portavoz de los vecinos y presidenta de la comunidad de propietarios del Bloque A , Silvia Hernández, mostraba su satisfacción tras el encuentro. «No pinta mal la cosa», resumió.

«Se ha abierto una nueva vía [con la posibilidad de legalizar los dos bloques de los Don Pepe]. Al fin y al cabo, es lo que siempre hemos pedido, volver a nuestras casas», sentenció Hernández. Para ello, el representante legal de los vecinos, Juan Nadal, ha solicitado al Govern que aproveche el Decreto Ley de Simplificación y Racionalización Administrativas, aprobado recientemente en el Parlament balear.

Amnistía urbanística

Este decreto, conocido popularmente como amnistía urbanística, permite legalizar viviendas antiguas que se encuentren fuera de ordenación. Vidal aceptó de buen grado esta opción y ahora los técnicos evaluarán su viabilidad.

«Nos hemos comprometido a estudiar esta vía, que nos parece muy interesante ya que los vecinos podrían mantener sus casas, como siempre han pedido». «En una isla como Ibiza, con el grave problema habitacional que padece, evitar el derribo de un centenar de viviendas también nos parece una buena opción», apostilló Vidal.

Precisamente, el hecho de que los Apartamentos Don Pepe estuvieran fuera de ordenación inició toda esta crisis. Pese a que fueron construidos a principios de los sesenta, en el Ayuntamiento solo consta la licencia de obra de uno de los dos edificios, el B, lo que imposibilitó que los propietarios del Bloque A pudieran reformar su inmueble, tal y como pretendían.

Las cinco escaleras del Bloque A fueron desalojadas entre junio de 2020 y diciembre de 2021

Tras unos desprendimientos del techo en un piso, el Ayuntamiento solicitó un informe técnico y detectó «patologías muy severas y riesgo de colapso inminente», por lo que las cinco escaleras del edificio fueron desalojadas entre junio de 2020 y diciembre de 2021. El Bloque B también se encuentra fuera de ordenación porque, en su momento, se construyeron cinco pisos de altura, uno más de los que habían sido autorizados por el Ayuntamiento.

Ca n’Escandell

La legalización de los Apartamentos Don Pepe, en caso de ser viable, se presenta como la opción más deseada también por el Govern. Al menos, Vidal insistió en que en breve plazo, incluso antes de septiembre, ya habrá una respuesta de los técnicos. «Va a ser una cuestión prioritaria para las tres administraciones», aseguró.

No obstante, el Govern sigue trabajando en la posibilidad de realojar a los vecinos en VPO, en principio en Ca n’Escandell. Para ello, primero deberá calcular el coste de la expropiación de los Don Pepe a los propietarios, aunque ya hay una partida de 2,2 millones de euros de la ecotasa para su derribo.

Buena parte de los vecinos desalojados sigue pagando su hipoteca en los Don Pepe, además del alquiler de su nueva vivienda

El Govern se ha comprometido a presentar este justiprecio a los vecinos en el mes de noviembre, cuando se podría empezar a calcular lo que deberían pagar por una VPO. Aunque una veintena de familias afectadas ahora reciben ayuda autonómica para hacer frente al alquiler, una parte de los afectados sigue haciendo frente a la compra de sus apartamentos en los Don Pepe.

«Hay muchas situaciones distintas, pero algunos se han tenido que ir de la isla y buscar otro trabajo porque, con lo que cobraban aquí, no les daba para seguir pagando la hipoteca y el alquiler», apuntó la portavoz vecinal.

Suscríbete para seguir leyendo