El Govern estudiará la posibilidad de legalizar los Apartamentos don Pepe de es Codolar

El Govern estudiará la posibilidad de legalizar los Apartamentos don Pepe de es Codolar a través de la amnistía urbanística recientemente aprobada en el Parlament . Así lo ha anunciado la consellera de Vivienda, Marta Vidal, tras la reunión de la comisión de seguimiento para buscar una solución habitacional a los residentes de estos bloques de viviendas.

Esta propuesta ha surgido a petición del abogado de los vecinos afectados, Juan Nadal. Para ello, los servicios jurídicos del Govern evaluarán si pueden recurrir a este Procedimiento extraordinario de incorporación a la legalidad de edificaciones para dar una solución a los propietarios de los dos bloques de los Don Pepe, uno de ellos desalojado en distintas tandas entre juniode 2020 y diciembre de 2021.

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Los técnicos del Govern “determinarán” la tasación de los nuevos Don Pepe

La posibilidad de realojar a los vecinos en una nueva promoción de viviendas en Can Raspalls queda descartada, ya que los técnicos de la conselleria consideran que la tasación de los terrenos no era válida. En el anterior mandato, esta finca se valoró en cerca de cuatro millones de euros, teniendo en cuenta que era un suelo que iba a convertirse en urbano. Sin embargo, Vidal ha señalado que su tasación actual es de 323.000 euros, ya que está calificado como rústico y no puede contemplarse como urbano.

La otra opción que se plantea a los vecinos es realojarlos en las "primeras VPO que se puedan construir o, en su defecto, y de manera prioritaria, en las proyectadas en Ca n'Escandell". "Pero hablamos de unos plazos de tiempo largos", ha indicado Vidal. No obstante, la portavoz de los afectados, Silvia Hernández, ha dejado claro que su prioridad es regresar a sus aparamentos en es Codolar.

Para ello, primero deberá confirmarse su viabilidad, que será posible "en muy breve tiempo", según la consellera. Posteriormente, deberán repararse los problemas estructurales del bloque A que, según el informe técnico que encargó el Ayuntamiento, obligaron a su desalojo. Este informe alertaba de que el inmueble sufría "patologías muy severas y riesgo de colapso inminente", por lo que fue posteriormente apuntalado.