Sant Josep cierra el paso al camping de Can Raspalls para «evitar que crezca»

Un camión cargado de piedras de gran tamaño estaciona frente a la entrada del asentamiento en el terreno de Can Raspalls (Sant Jordi), donde viven alrededor de trescientas personas, la mayoría de ellas trabajadores saharauis.

Aunque el acceso del camping, ubicado en un solar de propiedad privada, ya estaba cerrado, a las once y media de la mañana de ayer, el Ayuntamiento de Sant Josep comienza a sellar todo el perímetro para impedir que entren vehículos en el interior.

La medida está pensada sobre todo para que no accedan al terreno ni caravanas ni autocaravanas. «Para nosotros es mejor, así no entran los coches y levantan polvo, que nos molesta», dice uno de los habitantes en el poblado chabolista, que ha pasado de albergar cien personas el año pasado a trescientas este debido a la crisis habitacional en Ibiza.

El descampado pertenece a una empresa que no se ha manifestado en ningún momento respecto al asentamiento que se ha ido formando en su propiedad ni ha denunciado la situación en los juzgados para que se tramite el desalojo.

Los vecinos de los alrededores, por otro lado, sí se han quejado en varias ocasiones de la presencia de los asentados que son, en su mayoría, trabajadores. Es el caso de Jesús (nombre ficticio) y el grupo de personas que le acompañan. «Nosotros venimos cada año a hacer la temporada, pero hay gente que esta viniendo para quedarse todo el año», explica este saharahui. Sus compañeros también son del Sáhara Occidental.

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Censo del asentamiento

En el caso de Jesús, llegó a la isla para hacer la temporada en el año 2019 y desde entonces, cada año se instalan en el terreno durante los meses que trabajan. «Hace unas tres semanas vinieron seis policías y nos pidieron la documentación, pero no nos dijeron nada de que nos teníamos que marchar», continúa. «Lo único que nos pidieron fue que recogiéramos la basura y que lo mantuviéramos todo limpio, y eso hacemos», añade.

Ante la pregunta de qué harán en caso de que les pidan marcharse, Jesús responde que no lo sabe: «Por ahora, mi Dios no me ha dicho nada al respecto», explica. Los agentes solicitaron la documentación a los asentados en una visita de reconocimiento con el objetivo de hacer una especie de censo y llevar un registro. Entre ellos, a una pareja de origen colombiano, que prefiere no dar su nombre y que lleva un mes en Can Raspalls.

«Yo busco todos los días pisos como loca, vivíamos de alquiler pero la propietaria lo quiere en temporada para estar ella allí», dice la mujer.

Les urge encontrar vivienda porque tienen hijos menores de edad y no quieren «tener problemas» con los servicios sociales, «si no tienes una casa te arriesgas». También ruegan a Dios para que «les bendiga» en estos instantes en los que apenas pueden permitirse alojarse entre palés y unas cuantas lonas. En esta isla por lo menos.

Por otro lado, responsables del Ayuntamiento de Sant Josep acudieron en su momento al asentamiento para estudiar la situación de las personas asentadas y «detectar si hay casos de vulnerabilidad». «Hasta el momento, no se ha detectado ninguno porque todos tienen trabajo, tan solo se abrió el expediente de una familia que tiene hijos pequeños porque al haber menores desde servicios sociales se tiene que actuar de oficio», apuntan desde el Consistorio del municipio.

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Sin órdenes de desalojo

Desde el Ayuntamiento han trasladado que el hecho de que no haya un proceso judicial para desalojar el terreno les «dificulta» poder controlar la situación, por lo menos, «dentro de las competencias municipales», prosiguen. Las quejas vecinales por la presencia de este asentamiento chabolista cerca de sus viviendas ha sido uno de los móviles para restringir el acceso a los vehículos al interior.

La idea es «evitar» que crezca el número de inquilinos en el camping ante la imposibilidad de desmantelarlo. El hecho de que las infraviviendas estén en un terreno privado cuyo propietario no ha puesto en marcha un desalojo, impide que se puedan emprender medidas por parte de la administración pública para echar a los trabajadores. Por el momento, la empresa contratada por el Consistorio para colocar las piezas alrededor de la propiedad también llevará a cabo trabajos de poda en el solar.

«Nosotros estamos en contacto con el dueño del terreno, pero si no hay una denuncia de la propiedad y si no lo dictamina un juez, no se puede echar a estas personas», indicaron desde el equipo de gobierno municipal a este diario: «Son gente que tiene un trabajo», reiteraron.

El solar de una empresa privada

El terreno donde está ubicado el asentamiento es de propiedad privada y pertenece a una compañía que no ha tomado medidas legales para que se desaloje el camping, donde viven un total de trescientos trabajadores.Los vecinos de la zona han trasladado sus quejas al Ayuntamiento ante el crecimiento del asentamiento, por lo que se han instalado las piedras en el acceso.

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