El Consell aprueba la aplicación en Ibiza de la amnistía urbanística

Se abre "una ventana de oportunidad de tres años" para regularizar "lo que ya fue amnistiado por el paso del tiempo". Así ha anunciado este viernes en el pleno del Consell de Ibiza el vicepresidente primero, Mariano Juan, la aprobación de la aplicación del procedimiento de legalización extraordinaria de construcciones ilegales cuyas infracciones hayan prescrito que contiene la ley de simplificación administrativa, independientemente de la infracción cometida, en la isla.

El plazo de tres años para solicitar estas regularizaciones empieza a contar a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Balears (BOIB). 

Estas construcciones se podrán incorporar a la ordenación urbanística con determinados requisitos y obligaciones, como puede ser la reforma para incorporar sistemas de ahorro hídrico, de eficiencia energética o de depuración de agua. Las medidas a aplicar se concretarán en el próximo Consell de Alcaldes.

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Los interesados en esta legalización extraordinaria deberán abonar los impuestos y tasas que debieron abonarse de haberlas construido amparados en la legalidad. Además, deberán pagar una 'multa' muy inferior a la que se aplicaría conforme a la legalidad.

La normativa urbanística fija sanciones desde el 100% del valor de la obra y en algunos casos desde el 250%. En cambio, a través de este proceso se reduce al 10% en el primer año, 12,5% el segundo año y 15% el tercer año. Además, se aplicará una rebaja del 50% a las rentas individuales inferiores a 33.000 euros o del 25% si la renta no supera los 52.800 euros

Juan detalla que esta norma no es aplicable en determinados casos, como construcciones sometidas a cesión o expropiación, el caso de obras que se encuentren en terrenos de servidumbre, como puede ser un camino o un torrente, los casos de construcciones que sirvan para desarrollar actividades que requieran una declaración de interés general y aquellos en los que la actividad necesite la adquisición de plazas turísticas.

En caso de que se trate de viviendas, estas dependencias legalizadas no se podrán utilizar para el alquiler turístico vacacional.

Con esta medida, el vicepresidente asegura que se da cumplimiento a uno de los puntos contemplados en el programa electoral del PP y considera importante la medida porque "saca del limbo las construcciones de muchas familias o herederos que han recibido un bien inmueble con algún elemento que se construyó sin licencia".

El conseller ha obviado el resto de supuestos a los que se aplica esta norma, que son todos, independientemente de las circunstancias familiares. 

Juan defiende que no hacer esta regularización significaría "abocar" a los propietarios "a reformar ilegalmente sus viviendas y a la ilegalidad permanente", por lo que "se trata de aprovechar lo que ya está hecho desde hace tiempo".

No era necesario aplicarlo

Por parte del grupo de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez (de Izquierda Unida), recuerda que es el Consell el que decide aplicar este procedimiento. "El Govern ha puesto a disposición una herramienta y el Consell decide aplicarla", recalca. Una aplicación con la que considera que se lanza un mensaje claro y diáfano a aquellos que han decidido cumplir la legalidad esperando los plazos adecuados o renunciando a construir algo porque era ilegal: "Sois tontos". 

También valora el conseller podemita que se lanza un mensaje a los que quieran infringir la ley: "Haz lo que quieras que algún día llegará un gobierno del PP que te amnistiará".

Y señala que esta amnistía urbanística es, además, "más barata" que la que se aplicó con la última amnistía urbanística del año 2014.

Por otra parte, Rodríguez rebate que la medida no es para las "pobres familias", como ha indicado el conseller, que "tienen que arreglar un tejado", sino para cualquier infractor, para que pueda vender esa finca por más valor. "Si lo que quieren es regularizar los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la finca, ¿por qué incluyen las piscinas?", se pregunta.

Por parte de Vox, Jaime Díaz de Entresotos considera que el decreto "se ha quedado corto" y no ha profundizado en algunos aspectos que podían haberse valorado.

Elena López, del Grupo Socialista, se ha mostrado sorprendida por la defensa del conseller de "las bondades" de la medida porque así se regulariza "aquello que ya estaba amnistiado de facto porque no actuó a tiempo la Administración". Señala la consellera socialista lo "terrible" de ese punto de partida en el que se señala que por la impericia de la Administración se considera necesario, además, legalizarle la infracción cometida al infractor.

Afea López al equipo de gobierno que acuda a mesas para hablar de la necesidad de controlar la masificación para reducir el impacto sobre los recursos hídricos o la gestión de residuos "pero dos días después aprueba esta barbaridad".

Por otra parte, apunta que no se advierte de toda la carga administrativa que llegará a los ayuntamientos con esta medida. La anterior amnistía urbanística supuso ya una saturación de los servicios técnicos de urbanismo de muchos municipios, según han señalado en más de una ocasión desde los colegios de arquitectos, recuerda la consellera.

Advirtió además que no existe un estudio del impacto que tendrá este decreto sobre el territorio. Por otra parte, señala que no han encontrado en el programa del PP en la isla el punto en el que prometen que regularizarán las infracciones urbanísticas que han expirado.

No se debió llegar a esto

"Ustedes están muy en contra de que se regularicen estas viviendas que son, en su mayoría, parcialmente ilegales. Son más de dar viviendas nuevas, 385 solicitudes concedidas", les ha echado en cara Juan a los representantes del PSOE y Podemos. "Eso sí es impacto sobre el suelo". 

Considera además que la norma no es una amnistía, "porque la amnistía sería regularizar algo que se puede derribar en este momento". Y ha recordado Juan que estas construcciones ya no pueden ser derribadas y no se les pueden aplicar multas ni pueden ser reformadas.

Sí ha reconocido que "no se debería haber llegado a este punto" y que "quizás algunos ayuntamientos no han hecho todo lo que tenían que hacer, pero la situación es la que es".

El vicepresidente defiende que aquellos que han actuado correctamente no tienen por qué sentirse tontos porque ellos "duermen tranquilos" y no tienen que pagar una multa para regularizar lo que han hecho. Y en cuanto al ánimo a cometer infracciones con esta medida, señaló que el plazo de tres años es sólo para aquellas construcciones anteriores al año 1991 cuyas infracciones en su construcción hayan prescrito.

"El que comete infracciones desde hace algunos años sabe que esas infracciones no prescriben por ley, porque actualmente esas infracciones no prescriben nunca", advierte, "por lo que nunca podrán beneficiarse de una medida así".

Señala Juan que el impacto sobre el territorio será cero. "En todo caso se reduce", afirma, dado que se trata de construcciones que no pueden ser derribadas y a las que se obliga a aplicar medidas de eficiencia hídrica y energética.

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El vicepresidente ha hecho un llamamiento a todos los ibicencos para que se adhieran a esta medida: "No habrá una segunda oportunidad", ha advertido.

Y finalmente ha recordado que el hecho de que la vivienda esté registrada o se estén pagando impuestos, "no equivale a que sea legal". Es por ello que ha señalado la importancia de dejar las viviendas a sus herederos "en orden, que se puedan reformar y tengan un valor hipotecario adecuado a lo que tienen".