Tributos

El Govern regala 15 millones a quince ricos con su reforma del Impuesto de Sucesiones

Las donaciones en vida se disparan y se convierten en mayoritarias frente a las herencias por defunción

El conseller de Hacienda, Antoni Costa, y la presidenta Marga Prohens, en primera línea en el Parlament. | B. RAMON

El conseller de Hacienda, Antoni Costa, y la presidenta Marga Prohens, en primera línea en el Parlament. | B. RAMON

F.Guijarro

La bonificación que el Govern de Marga Prohens aprobó en julio del pasado año para evitar el pago del Impuesto de Sucesiones, como primera de sus ‘medidas estrella’ de la legislatura, ha conseguido que 15 contribuyentes ricos se hayan ahorrado tener que abonar a la Comunitat Autònoma más de 15 millones de euros, o lo que es lo mismo, el regalo que cada uno de ellos ha recibido es de una media del millón de euros, según pone de relieve el portavoz en temas económicos del PSIB-PSOE, Llorenç Pou. El calificativo de ‘ricos’ no es retórico: esos 15 contribuyentes tenían cada uno un patrimonio superior a los cuatro millones de euros antes de recibir la herencia.

Los datos esgrimidos por Pou y facilitados por la propia conselleria de Hacienda, liderada por Antoni Costa, desvelan que entre el 18 de julio de 2023, cuando entró en vigor la citada bonificación, y el 31 de enero del presente ejercicio, se acogieron a la misma 3.124 declaraciones del impuesto de Sucesiones, con un ahorro en su conjunto de 46,7 millones de euros. Es decir, la media es de 14.955 euros.

Los más beneficiados

Pero a partir de aquí comienzan los matices que es necesario subrayar: de estas más de 3.000 declaraciones, hay 15 contribuyentes que se han ahorrado, gracias a la bonificación impulsada por el Partido Popular, 15.444.139 euros, que son además los que ya tenían un nivel de riqueza más notable, al superar su patrimonio previo los cuatro millones. Es decir, el 0,5% de los beneficiados se han quedado con el 33% del beneficio.

Por contra, hay 3.007 contribuyentes con un patrimonio previo inferior a los 400.000 euros que con la medida del PP han evitado el pago de 27,8 millones de euros a través del Impuesto de Sucesiones. Es decir, la bonificación media ha sido de 9.275 euros. En este caso, el 96,3% de los beneficiados por la rebaja del impuesto solo suponen el 59,6% de las cantidades que finalmente no se han tenido que abonar al Fisco autonómico.

A la lista hay que sumar 87 per-onas, que disponían de un patrimonio previo situado entre los 400.000 euros y los dos millones, que se han ahorrado algo más de 2,4 millones (una media de 28.580 euros por cabeza); y otras 15, que antes de recibir la herencia o donación disponían de bienes valorados entre los dos y los cuatro millones de euros, que han evitado el pago de 961.076 euros (64.071 de media).

Hay otro factor extraordinariamente significativo. Antes de la modificación del impuesto por parte del Govern de Prohens, a lo largo de 2022 se presentaron 23.423 declaraciones del citado tributo correspondientes a los grupos I, II y III de parentesco (que van desde padres a hijos hasta hermanos o tíos y sobrinos), de las que 21.891 fueron por herencias fruto del fallecimiento del testador y 1.532 por donaciones en vida, es decir, las segundas solo supusieron el 6,5% del total.

Auge de donaciones en vida

Pero tras la reforma impulsada por el Govern para otorgar la gratuidad de este tributo, de las 3.124 declaraciones registradas entre julio de 2023 y enero de 2024, 1.982 han sido donaciones en vida, es decir, el 63,4% del total, lo que refleja que desde la aprobación promovida por el PP ha habido una avalancha de personas que han cedido bienes antes de fallecer. Pero además, doce de estas donaciones en vida han sido para herederos cuyo patrimonio ya superaba los cuatro millones de euros, y se han ahorrado 15.423.939 euros.

Según lamenta Llorenç Pou, lo que ha sucedido es que con los cambios aplicados en el impuesto de Sucesiones por parte del Govern de Prohens, las «élites» se han lanzado a los despachos de asesores fiscales para que «padres ricos cedan bienes a hijos ricos», evitando el pago de impuestos y empobreciendo las arcas autonómicas. O lo que es lo mismo, el Ejecutivo autonómico ha dado «panes» a esa minoría de altísima capacidad económica «dejando las migas para el resto de los baleares».

Cuentas autonómicas. Previsiones para los próximos ejercicios

El Ejecutivo prevé entrar en déficit en 2025 y 2026 pero baja impuestos

Las previsiones «a medio plazo» facilitadas por el Govern balear al ministerio de Hacienda y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) «consideran una senda más pesimista previendo un déficit de una décima de PIB en 2025 y de medio punto a partir de 2026», según consta en el informe que este último organismo elabora en relación a la situación de Balears.

Este hecho hace que el portavoz del PSIB en materias económicas, Llorenç Pou, sea especialmente crítico con la política impulsada por el Ejecutivo de Marga Prohens de rebajar tributos, y muy especialmente con el hecho de haberlo hecho con los de carácter progresivo (en los que paga más el que más tiene), como son el de Sucesiones, Patrimonio y el de la Renta (IRPF).

Pou recuerda que vuelven a estar vigentes las reglas fiscales que obligan a no caer en el déficit público, lo que implica que el Ejecutivo se va a ver obligado a reducir su presupuesto durante los próximos años para evitar esta situación.

Eso supone, según el socialista, que para beneficiar de forma especial a una minoría de elevadas rentas se van a deteriorar los servicios públicos que reciben todos los ciudadanos.

Impacto en las cuentas

Llorenç Pou pone un ejemplo: el déficit del 0,5% del PIB que el propio Govern prevé para 2026, según los datos que ha remitido a la AIReF, equivale a 200 millones de euros (40 millones en 2025 por el 0,1% pronosticado para ese ejercicio), con lo que «se podría pagar la gratuidad del transporte público durante cuatro legislaturas».

El diputado socialista añade que, según las estimaciones de su partido, las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo del PP van a tener un coste mínimo de 700 millones de euros, una cantidad que permitiría ‘tapar los agujeros’ que se vaticinan por el propio Govern en las cuentas de la Comunitat Autònoma.

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