El diputado del grupo Mixto en el Parlament y antiguo miembro de Podemos, Salva Aguilera, ha dado un plazo de cinco días naturales (desde ayer) al presidente de la Cámara balear, Baltasar Picornell, para que le facilite un despacho y un asistente personal, tal y como, según señala, le corresponde por ley. De lo contrario, tiene previsto «interponer una demanda para la protección de los derechos fundamentales» por vía administrativa, según un escrito remitido ayer por Aguilera a Picornell.
El exparlamentario de Podemos recuerda que el pasado día 12 de julio, él y los demás miembros del Grupo Mixto dirigieron un escrito al presidente del Parlament en el que le reclamaban una serie de espacios y servicios para poder desarrollar adecuadamente su trabajo.
En su caso concreto, «el hecho de no poder contar con herramientas de trabajo tales como un despacho o un personal técnico que arrope a este diputado erosiona gravemente los intereses de la ciudadanía y, por ende, conculca derechos consagrados en nuestra Carga Magna, tales como los indicados en el artículo 23 y en el 7».
«Una verdadera injusticia»
«Una verdadera injusticia»
En declaraciones a este diario, Salva Aguilera lamentó que el presidente del Parlament no haya atendido a sus demandas desde el pasado 12 de julio. «Cuando le pregunté dijo que el tema está sobre la mesa», explicó. Aguilera estima que estas peticiones deberían haber sido ya atendidas, por el tiempo transcurrido y la imperiosa necesidad que afirma tener de este despacho y un asistente.
«Se está cometiendo una verdadera injusticia», consideró el parlamentario del Grupo Mixto, quien asegura que no puede desarrollar su trabajo en condiciones.
«Obligación constitucional»
«Obligación constitucional»
«Cualquier persona que quiera contactar conmigo, venir a visitarme o decirme algo, como representante que soy de los ciudadanos, no sabe dónde hacerlo», declaró. También denunció no disponer de teléfono.
Baltasar Picornell «no ha resuelto dicha cuestión, y hay que recordar que es un asunto de importancia y altura constitucional, por cuanto dicho texto normativo nos encomienda a los representantes del pueblo, en términos incluso de obligación, resolver las cuestiones, inquietudes y, en definitiva, problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas», afima Aguilera en el escrito que ha enviado al presidente del Parlament para tratar de obtener sus reivindicaciones.
