Estudian ceder al pleno las atribuciones de la Junta de Gobierno y capear la crisis del Consell de Formentera

El pleno ordinario del Consell de Formentera de junio se convirtió ayer en una sesión comparable a la de un pleno sobre el estado de la isla. Fue la primera vez en que se reunía el plenario tras la renuncia de seis consellers de Sa Unió a seguir formando parte del equipo de gobierno, dejando su dedicación exclusiva, sus cargos de responsabilidad y las conselleries de las que eran titulares hasta hace dos semanas. El único que se mantiene en el gobierno, aunque ha dejado claro que no confía en el presidente Llorenç Córdoba, es Artal Mayans, que sigue al frente de Turismo, Nuevas Tecnologías y Vivienda.

Nada más iniciarse la sesión, el secretario de la institución dio cuenta de la renuncia oficial de los miembros del equipo de gobierno, lo que implica que no hay Junta de Gobierno, que es el organismo encargado de las contrataciones, de aprobar las licencias de obras, de otorgar subvenciones y concursos y de aprobar cualquier tipo de gasto que supere los 15.000 euros. En definitiva, es el organismo que gestiona el día a día de la institución.

El secretario, Ángel Custodio Navarro, reconoció que la actual situación es «inédita e inaudita» y que ninguna legislación la contempla, con un presidente no adscrito (expulsado de Sa Unió) y el resto de consellers de esta coalición, formada por el PP y Compromís, que han cesado de sus cargos de responsabilidad y que piden la dimisión del presidente. A lo que la oposición también se suma al entender que Córdoba es «incapaz» de gobernar el Consell.

La fórmula que ahora se pretende aplicar es una modificación del Reglamento Orgánico del Consell (ROC) que rige su funcionamiento interno.

El secretario, Ángel Custodio Navarro, explicó que para hacer esto posible es necesaria «la redacción de unas propuestas de organización provisional del Consell, ahora que la Junta de Gobierno ha desaparecido», pero resulta que esta junta es el órgano de contratación competente de la institución «y la Ley de Consell da una pista, en el artículo 132, segunda parte, con una posibilidad: que algunas competencias, con el acuerdo de modificar el ROC, pasen al pleno y este se las quede o las redistribuya. Así, como mínimo tendríamos un régimen organizativo en un ámbito tan importante como es la contratación».

Se ha llegado a esta situación porque la Junta de Gobierno «ha explotado, no tenemos órgano y ahora por responsabilidad, de cara sobre todo a los fondos Next Generation, estamos organizando un sistema para ver cómo se devolverían las competencias al pleno y al propio presidente», resumió Navarro.

Respecto a la existencia del equipo de gobierno, el secretario indicó que lo que hay son «restos ya que nos queda un presidente y un consellers al 90% [Mayans]». Sobre si los consellers de Sa Unió están ahora en la oposición, dijo que «están en el limbo, no sabemos exactamente en qué situación están porque para haber equipo de gobierno necesitas estar en la Junta de Gobierno, pero como no hay no es posible que haya equipo...».

El secretario reiteró: «Esta situación es inédita e inaudita y no está recogida en ninguna parte, es muy complicada».

La soledad del presidente quedó ayer más patente que nunca. Él mismo la analizó: «Los antiguos consellers del equipo de gobierno y los de la oposición me critican pero no quieren crear una Junta de Gobierno, estoy con las manos atadas. Tendré que hacer otro sistema de gobierno mientras se decida algo, aunque sea mi dimisión final, pero no puedo quedarme sentado en una sillita sin hacer nada. Soy el presidente y tengo una responsabilidad, y tengo el apoyo de un conseller».

Córdoba insiste en que «tengo el apoyo de la gente, si no lo notase no estaría. Todo gira en torno a los comentarios y a lo que me dice la gente y no veo que la población esté en mi contra, pidiéndome la dimisión. Los políticos sí, todos, esto es un ataque directo contra mí». Añadió que no descarta su dimisión, «pero tiene que haber alguna motivación, no porque una mayoría de consellers me lo pida».

Fuera de la APB

Una de las pocas propuestas que votaron los conseller fue la defendida por Sa Unió, en la que se pidió la sustitución del presidente como representante del Consell de Formentera en el consejo de administración de la APB (por lo que cobra unos 10.000 euros anuales), y también como miembro del Consejo de Navegación de la Savina. Con los siete votos a favor de Sa Unió y la abstención de los ocho consellers de la oposición (de GxF y PSOE) y la del propio presidente, el pleno acordó sustituirle por Artal Mayans en esos organismo y dejar a Verónica Castelló de suplente.

También se acordó por unanimidad dar el nombre de des Brolls a la residencia de mayores, tras un proceso de participación para elegirlo realizado entre los usuarios del centro y sus familiares.

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