El Govern aprobó ayer el decreto de catalán en la sanidad pública balear, lo que dará paso a la convocatoria inminente de las oposiciones para cubrir unas 5.000 plazas. La consellera de Salud, Patricia Gómez, precisó que se intentará convocar a la mesa sectorial la próxima semana para plantear un calendario de oposiciones a las distintas categorías y de inmediato, «al día siguiente», se publicarían las primeras convocatorias, que según dijo darán un tiempo mínimo para estudiar de seis meses.
Tanto Gómez como la portavoz del Govern, Pilar Costa, insistieron en que el decreto cuenta con «todas las garantías jurídicas», tras el informe favorable del Consell Consultiu, del que se han incorporado algunos aspectos técnicos. «Respetamos cualquier recurso u opinión jurídica, pero el Govern ha aprobado este decreto con todas las garantías», afirmó Costa ante los posibles recursos en contra.
Gómez incidió en la misma idea y se mostró convencida de que, si se presentan recursos, la conclusión será favorable al Govern ya que «la Justicia siempre se posiciona a favor de los intereses generales y unas oposiciones para 5.000 plazas lo son».
No se trata de una ley
No se trata de una ley
En todo caso, la portavoz del Govern consideró que no sería posible un recurso de inconstitucionalidad ya que no se trata de una Ley, sino de un decreto con fuerza reglamentaria.
El decreto de catalán en la sanidad establece que la lengua no será un requisito para presentarse a las oposiciones y obtener una plaza en el Ib-Salut, pero si a los dos años no se acreditan determinados niveles de catalán dependiendo de las categorías no se podría acceder a cuestiones como la movilidad o la carrera profesional. «En todo caso hablamos de unas exigencias mínimas de conocimiento de catalán», afirmó Gómez quien recordó que si, una vez superada la oposición, no se acredita a los dos años el nivel exigido «nunca se perderá la plaza», pero no se podrá acceder a los pluses económicos que supone la carrera profesional ni optar a traslados.
Tras resaltar que el decreto cuenta con el apoyo del 65 por ciento de la mesa sectorial, lo que demuestra que es «fruto del consenso» con los sindicatos, resaltó el derecho de los pacientes a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Balears.
Derechos de los ciudadanos
Derechos de los ciudadanos
En este sentido, declaró que «además de garantizar los derechos de los profesionales, hay que garantizar los de los ciudadanos» para lo cual el decreto establece unas «exigencias de conocimiento y comprensión de la lengua mínimas».
La aprobación definitiva del decreto del catalán ha estado precedida del rechazo de parte del sector sanitario y de entidades como Mos Movem. El Gobierno central y el sindicato CSIF advirtieron sobre su intención de recurrirlo ante los tribunales al considerar que vulnera las normas del Sistema Nacional de Salud. PP y Ciudadanos también se oponen. El líder popular, Biel Company, afirmó ayer que «la gente tiene que venir aquí con ganas de aprender la lengua, no de que le sea impuesta, y eso es lo que hace Armengol», presidenta del Govern.
Company sostuvo que hay dos médicos de Son Espases que están «valorando marcharse y un tercero ya ha manifestado su intención de hacerlo». El portavoz balear de Cs, Xavier Pericay, calificó de «despropósito» el decreto y acusó a Armengol de estar «presa del nacionalismo pancatalanista de Més». Añadió que cuando Cs «gobierne en Balears» lo derogará.
Concentración en el Consolat
Poco después de que el Consell de Govern aprobara el decreto, una quincena de personas se concentró ante el Consolat de Mar para pedir a Armengol que de marcha atrás. «Es inadmisible·, declaró el presidente de Sociedad Cívica Balear, Cosme Bernat Brull, quien anunció que enviarán una carta al presidente del Gobierno para pedirle que presente un recurso contra «el decretazo», según informó Europa Press. Los participantes en la concentración exhibieron banderas de España, Balears e incluso una de Tabarnia.
