Baleares planea rebajar un 33% las multas contra el turismo de excesos

El Govern balear está preparando un notable recorte en las sanciones vinculadas al decreto ley contra turismo de excesos. En el caso de las faltas muy graves, si el anterior Ejecutivo del Pacto las situó entre los 60.000 y los 600.000 euros, el Gabinete de Marga Prohens planea reducirlas hasta situarlas entre los 40.000 y los 400.000 euros, según consta en el borrador del nuevo texto legal que se quiere aprobar y al que ha tenido acceso Diario de Mallorca. El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ya ha anunciado que la presentación de este documento es «inminente».

En el citado texto, con el que se quiere cambiar el decreto contra el turismo de excesos que se aprobó durante la pasada legislatura, se justifica la reducción alegando la urgencia con que es necesario modificar los citados importes «para adecuarlos a las sanciones generales máximas que impone la ley balear turística», lo que supone suprimir el plus de penalización que se pretendía dar a los excesos que se comenten en algunas zonas como Platja de Palma, s’Arenal de Llucmajor y Magaluf en el caso de Mallorca, y Sant Antoni de Portmany por lo que a Ibiza se refiere.

Ese recorte del 33% en la cuantía de las sanciones ante las faltas más graves, afectará a comportamientos como no respetar en los hoteles y apartamentos que las bebidas alcohólicas solo pueden venderse de forma individual o la prohibición de que los comercios vendan alcohol entre las 21.30 de la noche y las 8 de la mañana.

Menor multa al ‘balconing’

La rebaja en las multas alcanza en la misma proporción a las faltas graves, que actualmente se sitúan entre los 6.000 y los 60.000 euros, y que se reducirán al tramo comprendido entre los 4.000 y los 40.000. En este apartado se sitúan las prácticas peligrosas para la vida, la salud y la integridad física, como el denominado balconing, y el que el hotel no expulse a los que las han realizado.

Finalmente, las faltas leves que ahora se sancionan con multas de 1.000 a 6.000 euros pasarán a situarse entre los 1.000 y los 4.000.

Lo que se incorpora es que los ayuntamientos de Palma, Llucmajor, Calvià y Sant Antoni de Portmany deberán informar a la ya existente Comisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas de las multas que aplican por el incumplimiento del citado decreto ley.

Otro de los puntos contemplados en el borrador, que fija como nuevo nombre ‘decreto para el turismo responsable y la mejora de la calidad de las zonas turísticas’ con la desaparición de la palabra ‘excesos’, es la supresión de la obligación que los comercios que venden alcohol en las zonas antes señaladas tienen de cerrar sus puertas desde las 21.30 de la noche hasta las 8 de la mañana, al tener vetada la venta de esas bebidas durante esa franja horaria.

La intención del Gabinete de Marga Prohens es mantener la citada prohibición de venta, pero se va a permitir a esas tiendas que sigan abiertas toda la noche para que puedan comercializar otros productos.

Hay que recordar que fue el propio sector turístico el que defendió la obligación de que esos comercios cierren durante la noche, al asumir que es imposible controlar en cada una de esas tiendas si se respeta ese veto a la comercialización de alcohol, por lo que se consideró que los incumplimientos en esta materia podrían ser masivos con los establecimientos operativos.

Sin embargo, el Ejecutivo del PP defiende que permitiendo esa apertura nocturna, aunque sin que se autorice la venta de bebidas alcohólicas, se consiguen los mismos objetivos pero otorgando «una mayor proporcionalidad», en la línea de la legislación europea.

Un aspecto a recordar es la supresión de la orden de cierre nocturno coincide con la reducción de un 33% de las multas que se aplican por la venta de alcohol en los comercios durante esa franja horaria.

Publicidad de las ‘party boat’

El borrador del decreto ley contempla también que deje de estar prohibida en las zonas vinculadas al turismo de excesos la publicidad y comercialización de las fiestas en barcos (party boat), aunque se mantiene el veto a que se recoja a los clientes en los citados puntos de las islas para llevarlos hasta estas celebraciones, o que los barcos en los que se celebran entren en las aguas interiores próximas a esas zonas. Se alega que eliminar la prohibición de publicidad no va a tener una «especial incidencia».

Otro cambio previsto es la eliminación de la subcomisión para el fomento del civismo, de la que forman parte sindicatos, patronales y asociaciones de vecinos, aunque estas organizaciones podrán ser invitadas a la comisión del mismo nombre, a la que se incorporan el Institut Balear de la Dona y representantes de los consulados de los principales mercados emisores de turistas. Se alega que así se evitan duplicidades.

También se rebaja la vigencia de esta normativa hasta el 31 de diciembre de 2027, «periodo que se considera suficiente para que se hayan resuelto totalmente los graves problemas que afectan a estas zonas y que motivaron la necesidad del decreto ley».

Los albergues turísticos dejarán de tener limitadas sus plazas

Uno de los aspectos que puede resultar más polémico en el futuro decreto ley sobre el turismo de excesos es la decisión del Govern del PP de suprimir el límite de plazas que se había fijado para los albergues turísticos, al tratarse de una medida que había nacido de las peticiones realizadas por las federaciones hoteleras de Mallorca y de Ibiza.

En el decreto del Pacto, estos establecimientos no podían superar las 150 plazas en Mallorca, las 80 en Menorca y Ibiza, y las 60 en Formentera. La intención del Ejecutivo de Marga Prohens es recuperar la capacidad que tenían cuando estos centros estaban considerados como albergues juveniles, sin limitaciones.

Esta decisión favorece especialmente a dos de estos albergues de Palma y a uno de Ibiza, que podrán ver notablemente incrementada su capacidad.

Fuentes del sector turístico achacan este cambio a una petición de la patronal PImem, que cuenta en sus filas con la asociación de albergues juveniles, presidida por Miguel Oliver, consejero delegado de Boc Hostels, a la que pertenecen los dos grandes establecimientos de Palma antes señalados.

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